En defensa del Poder Judicial y de la separación de poderes.

La separación de poderes constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional. En un sistema democrático, cada poder (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) está llamado a actuar dentro de sus competencias, controlándose recíprocamente para evitar abusos. Sin embargo, el Poder Judicial se encuentra en una situación singular: carece de capacidad política directa para defenderse y su legitimidad descansa exclusivamente en la ley, la imparcialidad y la calidad de sus resoluciones. Por ello, cuando se producen ataques desde el Ejecutivo, su reacción debe ser institucional, proporcionada y jurídicamente fundamentada.

En primer lugar, la mejor defensa del Poder Judicial es la transparencia. Las instituciones judiciales deben explicar con claridad las razones jurídicas de sus decisiones. Aunque los jueces hablan a través de sus resoluciones, en un contexto de debate público intenso resulta necesario que los órganos de gobierno del poder judicial (especialmente el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores) refuercen su comunicación institucional para evitar interpretaciones malintencionadas o distorsionadas. La transparencia no implica entrar en confrontaciones políticas, sino trasladar a la ciudadanía la seguridad de que las decisiones se adoptan de manera motivada, conforme a la ley y no a criterios partidistas.

En segundo lugar, el Poder Judicial debe defenderse mediante sus propios instrumentos jurídicos y orgánicos. La independencia judicial se protege a través de garantías como la inamovilidad, los procedimientos disciplinarios regulados y la autonomía funcional. Ante ataques directos que puedan comprometer esta independencia (sean declaraciones, presiones mediáticas o intentos de reformas apresuradas) corresponde a sus órganos internos emitir comunicados, requerir explicaciones institucionales y, en su caso, recurrir a instancias superiores, incluida la jurisdicción constitucional o europea.

En tercer lugar, es necesaria una defensa basada en la moderación y la estabilidad. El Poder Judicial no puede entrar en dinámicas de tensión política porque, a diferencia del Ejecutivo, no dispone de legitimidad derivada del sufragio, sino del sometimiento a la ley. Su fortaleza proviene precisamente de su capacidad para mantenerse ajeno al conflicto político, incluso cuando es criticado. La respuesta debe ser siempre institucional, nunca emocional.

Por último, el Poder Judicial debe reforzar su papel pedagógico: explicar qué es la independencia judicial, qué límites tienen los demás poderes y por qué la crítica es legítima, pero la deslegitimación sistemática pone en riesgo el Estado de Derecho. Una ciudadanía informada es, a largo plazo, la mejor garantía de protección.

En definitiva, el Poder Judicial debe defenderse no con política, sino con derecho, transparencia, rigor y firmeza institucional. Así preserva no solo su independencia, sino la calidad de la democracia misma.