En España, el aforamiento parlamentario es una prerrogativa procesal que implica que ciertos cargos públicos, incluidos los diputados y senadores del Congreso y del Senado, deben ser juzgados por un tribunal superior al que correspondería un ciudadano común en caso de cometer un delito. En el caso específico de los diputados y senadores, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es el órgano competente para instruir y enjuiciar las causas penales contra ellos, según queda establecido en el artículo 71.3 de la Constitución Española.
El aforamiento supone Fuero especial, un cambio en las reglas procesales. En lugar de ser juzgados por los tribunales ordinarios, los aforados son llevados directamente ante un tribunal de rango mayor, como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, dependiendo del cargo.
Se trata de una prerrogativa, no de un privilegio, aunque a menudo se percibe como un privilegio, el aforamiento se justifica legalmente como una prerrogativa que busca proteger la independencia del cargo público y del órgano que representa. Se argumenta que un tribunal superior es menos susceptible a presiones políticas o mediáticas al juzgar a una figura pública relevante.
Por lo general, el aforamiento es una condición temporal que dura mientras la persona ocupa el cargo. Si la persona deja de ser parlamentario, la causa penal, si la hubiere, pasaría a ser competencia del tribunal ordinario que le correspondería.
No debe confundirse con inviolabilidad e inmunidad. La inviolabilidad protege a los diputados y senadores de ser perseguidos judicialmente por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. Es una protección absoluta e impide cualquier responsabilidad legal por esas acciones. la inmunidad implica que los parlamentarios sólo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, y para ser procesados o inculpados, se requiere un suplicatorio de la Cámara a la que pertenecen. Esa prerrogativa busca evitar detenciones o procesos que puedan obstaculizar el funcionamiento de la institución parlamentaria.
Debate sobre el aforamiento
El aforamiento ha sido objeto de un intenso debate en España. Sus críticos lo consideran un privilegio que atenta contra el principio de igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución Española), ya que crea un sistema judicial diferenciado para ciertos ciudadanos. También argumentan que al ser juzgados directamente por un tribunal superior, los aforados pierden el derecho a una segunda instancia, es decir, la posibilidad de recurrir la sentencia ante un tribunal superior, lo que sí tienen los ciudadanos no aforados.
Por otro lado, sus defensores argumentan que es una garantía necesaria para preservar la independencia de los poderes del Estado y proteger a los cargos públicos de posibles injerencias o presiones indebidas en el ejercicio de sus funciones.
En España, además de los parlamentarios, otras figuras como miembros del Gobierno, jueces, magistrados, fiscales, miembros del Tribunal Constitucional, y otros cargos públicos, también gozan de algún tipo de aforamiento, aunque las condiciones y los tribunales competentes pueden variar. La discusión sobre la necesidad de reducir el número de aforados y reformar esta figura legal ha sido recurrente en la agenda política española.
